Puerto Rico
NO SE VENDE
¡Nuevo informe!
Los beneficiarios de la Ley 22 están aprovechando múltiples exenciones contributivas, evadiendo pagar la mayoría de los impuestos.
Es hora de abolir la Ley 22
En la década transcurrida desde que se aprobó la ley, se han destacado algunos de sus muchos desafíos e impactos no anticipados tales como:
Falta de Transparencia
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la agencia encargada de otorgar y supervisar los decretos de la Ley 22, ha indicado que carece de herramientas suficientes para ejercer cumplimiento de los decretos otorgados.
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Evasión Contributiva
En el 2021, el IRS anunció una campaña de auditoría contra los beneficiarios de Ley 22, centrada en contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado de manera incorrecta los beneficios de la Ley.
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Pérdidas Económicas
Según el Departamento de Hacienda, el gobierno de Puerto Rico perderá alrededor de $18,400 millones de ingresos potenciales relacionados con la Ley 22 entre los años 2024 y 2030.
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Desplazamiento
Los incentivos para la inversión, ausente la fiscalización del estado, promueven acaparamiento de la vivienda, aumentos en el costo de la renta y desplazamiento de poblaciones locales.
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Daños al medio ambiente
Las propiedades más deseadas por inversionistas se encuentran en las costas o cerca de otros paisajes naturales, esta nueva tendencia en el mercado inmobiliario está teniendo efectos serios sobre nuestros recursos naturales.
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