Puerto Rico

NO SE VENDE

Visión por un Puerto Rico justo y transparente

Nosotros junto a organizaciones comunitarias y sin fines de lucros nos dedicamos a abordar los impactos negativos de la inequidad económica en Puerto Rico y a promover la transparencia y la integridad gubernamental.

Nuestros compromisos

Desarrollo Económico
Protección de Comunidades Desfavorecidas
Protección de Trabajadores y Pensiones
Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción
Participación y Colaboración Comunitaria

Conoce todas las organizaciones comprometidas por Puerto Rico

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Es hora de abolir la Ley 22

En la década transcurrida desde que se aprobó la ley, se han destacado algunos de sus muchos desafíos e impactos no anticipados tales como:

Falta de Transparencia

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la agencia encargada de otorgar y supervisar los decretos de la Ley 22, ha indicado que carece de herramientas suficientes para ejercer cumplimiento de los decretos otorgados.

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Evasión Contributiva

En el 2021, el IRS anunció una campaña de auditoría contra los beneficiarios de Ley 22, centrada en contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado de manera incorrecta los beneficios de la Ley.

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Pérdidas Económicas

Según el Departamento de Hacienda, el gobierno de Puerto Rico perdió alrededor de $4,400 millones de ingresos potenciales relacionados con la Ley 22 entre los años 2017 y 2023.

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Desplazamiento

Los incentivos para la inversión, ausente la fiscalización del estado, promueven acaparamiento de la vivienda, aumentos en el costo de la renta y desplazamiento de poblaciones locales.

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Daños al medio ambiente

Las propiedades más deseadas por inversionistas se encuentran en las costas o cerca de otros paisajes naturales, esta nueva tendencia en el mercado inmobiliario está teniendo efectos serios sobre nuestros recursos naturales.

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Lee sobre todas las consecuencias de la Ley 22 aquí.