¿Qué es la Ley 22?
Titulada “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” fue aprobada inicialmente en el 2012. Actualmente, esta ley queda cobijada bajo la Ley 60, junto a otros incentivos.
¿A quiénes beneficia?
Con la promesa de atraer capital externo e inversionistas extranjeros al archipiélago la Ley 22 permite que aquellos que cualifiquen y obtengan decreto como individuos inversionistas puedan acceder a una variedad de beneficios para los cuales no cualifican las personas residentes de Puerto Rico.
Estos beneficios incluyen el 100% de exención a contribuciones sobre ingresos en todos los ingresos, dividendos e intereses y 100% de exención de los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital.
O sea, $0 en impuestos a cambio de pasar la mitad del año en Puerto Rico.
Requisitos de la Ley 22
- No haber residido en Puerto Rico durante el periodo de 2006 a 2012 y no tener domicilio fiscal fuera de Puerto Rico.
- Residir al menos 183 días (aprox. 6 meses) del año en Puerto Rico.
- Debe donar $10,000 al año a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico.
- Debe comprar una casa en Puerto Rico durante los primeros dos años de obtener el decreto.
¿Por qué eliminar las disposiciones de la Ley 22?
1. Falta de Transparencia
A pesar de que se supone que esta información sea pública, la misma aún no está disponible a la comunidad general o la prensa. Nuestra coalición ha hecho varios pedidos de información al DDEC entre 2023 y 2024, los cuales aún no han sido contestados.
El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) “no puede” fiscalizar
La propia agencia a cargo de otorgar y fiscalizar los decretos ha indicado que no cuenta con las herramientas necesarias para fiscalizar el cumplimiento con los decretos otorgados bajo la Ley 22. No hubo fiscalización alguna durante los primeros ocho años luego de la aprobación de la ley, creando un vacío informativo sobre el uso apropiado y los beneficios o deficiencias del programa.
¿A quién protege el DDEC?
Con su falta de transparencia y afán por esconder información sobre los inversionistas individuales, el DDEC protege y beneficia a personas que advienen ingresos personales o de sus compañías de manera fraudulenta o ilegal. Desde el comienzo de la Ley 22 al día de hoy, inversionistas individuales han sido acusados de fraude corporativo y gubernamental, lavado de dinero, estafa, malversación de fondos, fraude de inversiones, entre otros crímenes.
A pesar de que el DDEC anunció una auditoría general del cumplimiento de la Ley 22 en marzo de 2021, todavía al día de hoy no se conocen los resultados.
2. IRS y la Evasión Contributiva
En el 2023, el IRS anunció tener bajo investigación sobre 100 personas que han estado utilizando decretos en Puerto Rico para evadir contribuciones.
Inversionistas individuales “juegan” con el sistema en Puerto Rico
Los inversionistas individuales que usan el subterfugio de no declarar sus ingresos como provenientes de Estados Unidos se benefician de los servicios esenciales provistos por los estados y Puerto Rico sin pagar impuestos en ninguna jurisdicción.
Aún cumpliendo con la Sección 937 del IRC, el IRS piensa que los inversionistas individuales pueden estar declarando erróneamente ingresos de fuente estadounidense como ingresos de fuente de Puerto Rico para evitar pagar impuestos en los Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos en búsqueda de explicaciones
La campaña que lleva a cabo el IRS se originó cuando el Congreso solicitó al IRS en 2020 un informe sobre los incentivos fiscales de Puerto Rico debido a la preocupación ante la posibilidad de prácticas de evasión fiscal.
A fines del 2023, una docena de congresistas enviaron una carta al IRS pidiendo explicaciones sobre su falta de fiscalización de la Ley 22.
En el 2024, un agente anónimo dentro del IRS denunció que no se había llevado a cabo adecuadamente el proceso de auditoría de la Ley 22. En respuesta a estas denuncias, la agencia anunció que estaría asignando más agentes a este tema.
3. Impacto Económico
A pesar de tener muy poca información y transparencia sobre quiénes se benefician y cuáles son las ganancias de inversionistas individuales, los pocos datos disponibles revelan que el Pueblo de Puerto Rico pierde miles de millones de dólares por concepto de la Ley 22.
El Departamento de Hacienda dice que no puede hacer nada
Son muy escasos los datos disponibles sobre el impacto económico de los decretos otorgados y una de las razones es que el Departamento de Hacienda no tiene ni suficiente autoridad, ni se le han asignado los recursos para fiscalizar y revocar decretos.
Según publicó Hacienda en junio de 2023 en su Informe de Gastos Tributarios para los Años contributivos 2020 a 2026, el Gobierno de Puerto Rico ha dejado de generar alrededor de $4,400 millones por concepto de la Ley 22. Más de cuatro mil millones perdidos en medio de una crisis fiscal donde el país sufre incertidumbre sobre la operación de servicios esenciales.
El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) lleva años sin auditar
Desde el 2015 hasta el 2021 el DDEC no había verificado ningún informe anual radicado por los inversionistas individuales, incumpliendo con su obligación según el estatuto de auditar a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22.
El Secretario de Hacienda ha establecido que la falta de transparencia dentro del DDEC sobre quiénes tienen decretos vigentes bajo la Ley 22 significa que Hacienda solo cuenta con un estimado de planillas que debe recibir por parte de beneficiarios de la Ley 22. Al momento, Hacienda no tiene una medida real sobre el impacto económico de los decretos sin saber quiénes son los inversionistas ni cuántos son.
4. Desplazamiento
La compra de propiedades y terrenos por parte de los individuos inversionistas ha incrementado considerablemente el precio de bienes raíces en áreas y pueblos donde se ha concentrado su inversión. La mayoría de las personas que viven en Puerto Rico son incapaces de pagar los precios de compra y rentas artificialmente elevadas del mercado actual.
El incremento en el costo de vivienda y la accesibilidad de inversionistas ha resultado en el desplazamiento de familias y comunidades y sus vínculos históricos, personales, familiares y culturales. Comunidades alrededor de todo Puerto Rico han sido trastocadas para siempre, arriesgando su continuidad e historia.
Cerca del 50% de las familias que alquilan en Puerto Rico invierten más de una tercera parte de su ingreso en el pago de la renta. Esto aumenta su inseguridad en la vivienda, particularmente cuando se enfrentan a riesgos como desastres y desempleo.
El gobierno de Puerto Rico no provee datos oficiales sobre la tendencia de los inversionistas individuales de comprar propiedades que componen barrios y comunidades. La compra de sectores enteros, acelera el desplazamiento de las comunidades al convertirlas en sectores de AirBnB o para reventa a precios más altos.
El desplazamiento y gentrificación que comenzó en el municipio de Dorado y sectores del área metropolitana, hoy en día es una amenaza en muchos pueblos alrededor de todo Puerto Rico, principalmente en las municipalidades costeras. Algunos ejemplos son:
El Municipio de Quebradillas
Un ex-senador republicano de Rhode Island, Giovanni Feroce, desplazó a los inquilinos quienes ya estaban pagando cerca de $600 al mes, precio que ya sobrepasaba el promedio mensual de alquiler en ese municipio.
En otro ejemplo de la dudosa reputación de varios inversionistas individuales, Feroce aparece #3 en la lista de los 100 principales delincuentes de fraude contributivo y evasión de impuestos del estado de Rhode Island, con una deuda de $1.2 millones.
Municipio de Cabo Rojo
Un grupo de residentes de una comunidad se vieron obligados a vender sus propiedades luego de que se le negaron los permisos de construcción necesarios para arreglar sus hogares luego del paso del Huracán María.
Luego de esa venta de propiedades, los nuevos propietarios recibieron los permisos necesarios para reconstruir las propiedades con el propósito de venderlas a un valor más alto o utilizarlas como alquilarles a corto plazo.
Puerta de Tierra, Municipio de San Juan
Residentes de Puerta de Tierra han sido víctimas de desplazamiento por bloques enteros de la comunidad histórica, así como residentes de las comunidades de Santurce en San Juan.
Los municipios de Vieques, Quebradillas, Aguadilla, Luquillo y Rincón solicitaron a la Asamblea Legislativa, la derogación de la Ley 22.
5. Impacto Ambiental
Las compras de propiedades y terrenos por parte de los inversionistas individuales ha tenido un impacto directo sobre el medio ambiente, en especial los terrenos en las costas del archipiélago y aquellos cerca de paisajes naturales.
Desarrollo ilegal de recursos
Esta nueva tendencia en el mercado de propiedad ha elevado repentinamente el valor de los terrenos costeros, playas y manglares que protegen las costas de Puerto Rico, otros recursos naturales y sus ecosistemas.
El nuevo valor de mercado de estas propiedades y terrenos y la capacidad de generar ganancias ha llevado al desarrollo de los mismos sin considerar su impacto ambiental y en muchas ocasiones de manera ilegal, ya que estos recursos le pertenecen al Pueblo.
Recientemente se han denunciado varios proyectos de inversión y desarrollo que afectan directamente el ambiente.
Proyectos denunciados
- La deforestación de manglares y el relleno de humedales en una reserva natural en Salinas para uso privado.
- La expansión de un complejo de viviendas de lujo, Bahia Beach, en Río Grande, que amenaza la Reserva Natural Espíritu Santo.
- El desarrollo de vivienda de lujo para la venta directamente sobre la cueva, Las Golondrinas, en Aguadilla.
En la coalición Puerto Rico No Se Vende estamos comprometides por Puerto Rico.
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