¿Qué es la Ley 22?
Act 22 was approved in 2022, entitled "Act to Promote the Relocation of Individual Investors to Puerto Rico”. Currently, this law is sheltered under Act 60.
¿A quiénes beneficia?
With the promise of attracting foreign capital and foreign investors to the archipelago, Act 22 allows those who qualify and obtain a decree as individual investors to request a variety of benefits for which residents of Puerto Rico do not qualify.
These benefits include 100% of exemption from income taxes on all income, dividends and interest and 100% exemption from income and capital gains taxes.
In other words, $0 in taxes in exchange for spending half of the year in Puerto Rico.
Act 22 Requirements
- Not being a resident of Puerto Rico between 2006 and 2012 and not having a taxable home outside of Puerto Rico.
- Reside at least 183 of 365 days a year in Puerto Rico.
- Donate $10,000 to Puerto Rican non-governmental organizations
- Buy a house in Puerto Rico during the two-year period after obtaining the decree
Why eliminate the provisions of Act 22?
1. Lack of Transparency
Despite this data being public information, it is not yet available to the general public or the press, even after specific requests and litigation in this regard. .
The Department of Economic Development (DDEC) "cannot" oversee the program adequately.
The agency in charge of granting and supervising the decrees has indicated that it does not have the necessary tools to supervise compliance with the decrees granted under Law 22. There was no supervision during the first eight years after the approval of the law, creating an information vacuum about the appropriate use, benefits or deficiencies of the program.
Who does the DDEC protect?
With its lack of transparency and desire to hide information about individual investors, the DDEC protects and benefits people who receive personal income or income from their companies fraudulently or illegally. From the beginning of Law 22 to the present day, individual investors have been accused of corporate and government fraud, money laundering, fraud, embezzlement, and investment fraud, among other crimes.
Despite the fact that the DDEC announced a general audit of compliance with Law 22 in March 2021, the results are still unknown as of this date.
2. IRS and Tax Evasion
In 2023, the IRS announced an investigation of 100 wealthy Americans who may be using island’s tax breaks to cheat on taxes.
Individual investors “play” with the system in Puerto Rico
Individual investors who use the subterfuge of not declaring their income as coming from the United States benefit from the essential services provided by the states and Puerto Rico without paying taxes in any jurisdiction.
Even in compliance with IRC Section 937, the IRS believes that individual investors may be misreporting US source income as Puerto Rico source income to avoid paying taxes in the United States.
The United States Congress in search of explanations
The campaign carried out by the IRS originated when el Congress asked the IRS for a report on Puerto Rico's tax incentives due to concerns about the possibility of tax evasion practices.
Near the end of 2023, a dozen congresspeople sent a letter to the IRS asking for explanations regarding their lack of supervision of Law 22
In 2024, and anonymous agent inside the IRS denounced that the audit process of Law 22 had not been carried out properly. In response to these complaints, the agency announced that they would be assigning more agents to the investigation.
3. Impacto Económico
A pesar de tener muy poca información y transparencia sobre quiénes se benefician y cuáles son las ganancias de inversionistas individuales, los pocos datos disponibles revelan que el Pueblo de Puerto Rico pierde miles de millones de dólares por concepto de la Ley 22.
El Departamento de Hacienda dice que no puede hacer nada
Son muy escasos los datos disponibles sobre el impacto económico de los decretos otorgados y una de las razones es que el Departamento de Hacienda no tiene ni suficiente autoridad, ni se le han asignado los recursos para fiscalizar y revocar decretos.
Según publicó Hacienda en junio de 2023 en su Informe de Gastos Tributarios para los Años contributivos 2020 a 2026, el Gobierno de Puerto Rico ha dejado de generar alrededor de $4,400 millones por concepto de la Ley 22. Más de cuatro mil millones perdidos en medio de una crisis fiscal donde el país sufre incertidumbre sobre la operación de servicios esenciales.
El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) lleva años sin auditar
Desde el 2015 hasta el 2021 el DDEC no había verificado ningún informe anual radicado por los individual investors, incumpliendo con su obligación según el estatuto de auditar a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22.
El Secretario de Hacienda ha establecido que la falta de transparencia dentro del DDEC sobre quiénes tienen decretos vigentes bajo la Ley 22 significa que Hacienda solo cuenta con un estimado de planillas que debe recibir por parte de beneficiarios de la Ley 22. Al momento, Hacienda no tiene una medida real sobre el impacto económico de los decretos sin saber quiénes son los inversionistas ni cuántos son.
4. Desplazamiento
La compra de propiedades y terrenos por parte de los individuos inversionistas ha incrementado considerablemente el precio de bienes raíces en áreas y pueblos donde se ha concentrado su inversión. La mayoría de las personas que viven en Puerto Rico son incapaces de pagar los precios de compra y rentas artificialmente elevadas del mercado actual.
El incremento en el costo de vivienda y la accesibilidad de inversionistas ha resultado en el desplazamiento de familias y comunidades y sus vínculos históricos, personales, familiares y culturales. Comunidades alrededor de todo Puerto Rico han sido trastocadas para siempre, arriesgando su continuidad e historia.
Cerca del 50% de las familias que alquilan en Puerto Rico invierten más de una tercera parte de su ingreso en el pago de la renta. Esto aumenta su inseguridad en la vivienda, particularmente cuando se enfrentan a riesgos como desastres y desempleo.
El gobierno de Puerto Rico no provee datos oficiales sobre la tendencia de los inversionistas individuales de comprar propiedades que componen barrios y comunidades. La compra de sectores enteros, acelera el desplazamiento de las comunidades al convertirlas en sectores de AirBnB o para reventa a precios más altos.
El desplazamiento y gentrificación que comenzó en el municipio de Dorado y sectores del área metropolitana, hoy en día es una amenaza en muchos pueblos alrededor de todo Puerto Rico, principalmente en las municipalidades costeras. Algunos ejemplos son:
El Municipio de Quebradillas
Un ex-senador republicano de Rhode Island, Giovanni Feroce, desplazó a los inquilinos quienes ya estaban pagando cerca de $600 al mes, precio que ya sobrepasaba el promedio mensual de alquiler en ese municipio.
En otro ejemplo de la dudosa reputación de varios inversionistas individuales, Feroce aparece #3 en la lista de los 100 principales delincuentes de fraude contributivo y evasión de impuestos del estado de Rhode Island, con una deuda de $1.2 millones.
Municipio de Cabo Rojo
Un grupo de residentes de una comunidad se vieron obligados a vender sus propiedades luego de que se le negaron los permisos de construcción necesarios para arreglar sus hogares luego del paso del Huracán María.
Luego de esa venta de propiedades, los nuevos propietarios recibieron los permisos necesarios para reconstruir las propiedades con el propósito de venderlas a un valor más alto o utilizarlas como alquilarles a corto plazo.
Puerta de Tierra, Municipio de San Juan
Residentes de Puerta de Tierra han sido víctimas de desplazamiento por bloques enteros de la comunidad histórica, así como residentes de las comunidades de Santurce en San Juan.
Los municipios de Vieques, Quebradillas, Aguadilla, Luquillo y Rincón solicitaron a la Asamblea Legislativa, la derogación de la Ley 22.
5. Impacto Ambiental
Las compras de propiedades y terrenos por parte de los inversionistas individuales ha tenido un impacto directo sobre el medio ambiente, en especial los terrenos en las costas del archipiélago y aquellos cerca de paisajes naturales.
Desarrollo ilegal de recursos
Esta nueva tendencia en el mercado de propiedad ha elevado repentinamente el valor de los terrenos costeros, playas y manglares que protegen las costas de Puerto Rico, otros recursos naturales y sus ecosistemas.
El nuevo valor de mercado de estas propiedades y terrenos y la capacidad de generar ganancias ha llevado al desarrollo de los mismos sin considerar su impacto ambiental y en muchas ocasiones de manera ilegal, ya que estos recursos le pertenecen al Pueblo.
Recientemente se han denunciado varios proyectos de inversión y desarrollo que afectan directamente el ambiente.
Proyectos denunciados
- La deforestación de manglares y el relleno de humedales en una reserva natural en Salinas para uso privado.
- La expansión de un complejo de viviendas de lujo, Bahia Beach, en Río Grande, que amenaza la Reserva Natural Espíritu Santo.
- El desarrollo de vivienda de lujo para la venta directamente sobre la cueva, Las Golondrinas, en Aguadilla.
En la coalición Puerto Rico No Se Vende estamos comprometides por Puerto Rico.
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